La Contraloría General de la Nación emitió, en las últimas horas, una advertencia formal contra el director general del Instituto Geográfico Agustin Codazzi, luego de que evidenciaran algunos riesgos por la implementación de la Política Pública del Catastro Multipropósito.
De acuerdo con el comunicado, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, formuló un control de advertencia al director de dicho instituto, Gustavo Adolfo Marulanda, debido a los inconvenientes en el avance de la formalización y actualización catastral en la Nación.
“La comunicación advierte sobre la existencia de un bajo porcentaje de formalización y actualización catastral en el país. De los 1.102 municipios existentes, solo 73, es decir el 6,62 % de ellos, están con actualización total catastral”, indicó el órgano de control en un comunicado.
Además, detallan que, pese a la asignación presupuestal para la implementación de la política de catastro multipropósito, se evidencia una subejecución significativa de los recursos disponibles, tal como sucedió entre 2016 y 2019, cuando el 29 % de los fondos, en promedio, no fueron utilizados, mientras que en el período 2020-2023, los recursos no comprometidos oscilaron entre el 48 % y el 79 % del presupuesto disponible.
“Se evidenciaron, además, deficiencias en la actualización de la información catastral, dado que el 91,45 % del área rural y el 72,10 % de la urbana no disponen de datos actualizados. Tampoco se ha garantizado de manera completa la interrelación efectiva entre la información de catastro y de registro”, agregó la Contraloría.
Finalmente, el contralor advirtió que en la medida en que continúe la pérdida de aprobación presupuestal, que para 2020 y 2023 tuvo un promedio de 46 %, no se podrá cumplir con el objetivo de implementar el catastro multipropósito en los tiempos y metas que han sido establecidos en los planes de desarrollo.
Dentro de los entes territoriales del país que muestran un bajo porcentaje en la ejecución del catastro multipropósito se encuentra Tunja, Boyacá, no onstante que del empréstito que de realizó el exalcalde Luis Alejandro Fúmene González se dejaron más de $10.000 millonés para llevarlo a a cabo, teniendo en cuenta que es una de las pocas opciones que tiene la administración municipal para conseguir ingresos propios, con los cuales pueda hacer realidad el plan de conectar la capital boyacense con el mundo y más allá.
Con el fin de cumplir la mencionada política pública, en ocho municipios de Boyacá el Gobierno nacional a través del Departamento Nacional de Planeación, el Instituto Geológico Agustín Codazi (IGAC) y la Superintendencia de Notariado y Registro se han venido reuniendo con los los alcaldes de Tasco, Corrales, Betéitiva, Busbanzá, Socotá, Sativasur, Socha y Floresta y Tunja, pero los avances no son los esperados, como lo advierte la Contraloría.
Fuente: Revista Semana.