La movilización busca llamar la atención sobre el incumplimiento de las normas de tránsito y transporte. Además, el desacuerdo con proyectos de ley que cursan en el Congreso de la República.

El gremio de taxistas afiliado a la Confederación Nacional de Taxistas (Confedetax) anunció un paro nacional para el próximo miércoles 9 de abril, en protesta por la falta de control por parte de las autoridades de Bogotá y otras ciudades del país frente a la prestación ilegal de servicios de transporte de pasajeros en vehículos particulares y motocicletas.

En el caso de la capital del país, la decisión se toma tras múltiples solicitudes y acciones legales dirigidas a la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, en las que se exigía el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte vigentes. En particular, frente a la inmovilización de vehículos particulares que prestan servicio de transporte sin autorización, una práctica que, según los conductores de los amarillos va en contra de la Ley 336 de 1996 y la Ley 105 de 1993.

“Desde el 1 de enero de 2023 hasta la fecha, no se ha registrado ninguna inmovilización de vehículos particulares por esta causa. Esto demuestra un incumplimiento de la normatividad, especialmente del artículo 49 de la Ley 336, que establece sanciones como la inmovilización por tres meses y la cancelación de matrícula”, afirmó Patricio Gaviria Patiño, abogado defensor.

La organización gremial también señaló que han agotado todas las vías institucionales y legales para encontrar una solución, incluyendo derechos de petición, tutelas y procesos de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, sin obtener respuestas satisfactorias.

Ante esta situación, Confedetax notificó a la Alcaldía de Bogotá su decisión de iniciar un paro indefinido a partir de las 00:00 horas del 9 de abril, y solicitó que se les garanticen las condiciones necesarias para ejercer su derecho a la protesta, consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política.

Asimismo, hicieron un llamado a la fuerza pública y a la policía para que se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el orden durante las movilizaciones.

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