La administración encargada de Tunja, liderada por María Paula Jiménez Gómez, enfrenta cuestionamientos por una serie de actuaciones administrativas adelantadas en los últimos días de su gestión, las cuales motivaron denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en materia de contratación y nombramientos.
Entre los aspectos señalados se encuentra el proceso contractual para la organización de la versión 71 del Aguinaldo Boyacense, que supera los 14.285 millones de pesos, de los cuales 10.000 millones corresponden a recursos del municipio, así como varios nombramientos realizados durante el encargo.
Incremento de la contratación antes de las elecciones
De acuerdo con la información publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II), entre el 15 y el 18 de julio de 2026, la Alcaldía de Tunja registró 38 procesos contractuales y expidió cinco decretos de nombramiento en provisionalidad, en un periodo inferior a 96 horas.
La actividad administrativa se produjo cuando restaba una semana para las elecciones atípicas del 26 de julio, mediante las cuales los tunjanos elegirán al alcalde que culminará el periodo constitucional 2024-2027.
Las denuncias conocidas hasta ahora constituyen solicitudes para que los organismos de control revisen la legalidad de las actuaciones adelantadas durante la administración encargada.
En consecuencia, corresponderá a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y, de ser el caso, a otros organismos competentes, determinar si los procesos contractuales, los nombramientos y las demás actuaciones administrativas se ajustaron al marco jurídico vigente.
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