La investigación disciplinaria involucra a la secretaria de Gobierno de Boyacá, María Alejandra Pico Gama, y al entonces secretario de Contratación, William Yesid Archila Cárdenas, por un proceso contractual superior a $5.000 millones.

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra la secretaria de Gobierno de Boyacá, María Alejandra Pico Gama, y William Yesid Archila Cárdenas, quien para el año 2023 se desempeñaba como secretario de Contratación del departamento, por presuntas irregularidades relacionadas con un proceso de adquisición de chalecos blindados destinados a la Policía de Boyacá.

De acuerdo con la Procuraduría Regional de Instrucción Boyacá, el proceso contractual tenía un valor superior a los $5.000 millones y contemplaba entre sus requisitos técnicos que la tela utilizada en los chalecos impidiera la transferencia de energía eléctrica al cuerpo.

Para el Ministerio Público, esta exigencia habría podido restringir la participación de potenciales oferentes, así como afectar la libre concurrencia y la igualdad de condiciones entre los participantes. La Procuraduría consideró que el requisito podría haber comprometido los principios de transparencia y selección objetiva que deben orientar los procesos de contratación estatal.

El órgano de control también señaló que, dentro de los documentos revisados durante la investigación, no se habría encontrado un estudio técnico que demostrara que los integrantes de la Policía en Boyacá estuvieran expuestos a un riesgo que justificara la incorporación de esta característica específica en los chalecos.

A esto se suma, según la Procuraduría, que no se encontraron antecedentes de ataques contra uniformados en el departamento mediante dispositivos tipo táser. En ese sentido, el Ministerio Público sostuvo que, ante la ausencia de una necesidad real o de un riesgo debidamente probado, la inclusión de este requisito podría haber resultado desproporcionada y carecer de suficiente motivación técnica y fáctica.

Por estos hechos, la Procuraduría calificó provisionalmente la conducta atribuida a los funcionarios como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.

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