El procreso de cambio paulatino comenzará el 1 de noviembre, tendrá una duración inicial de un año y podrá extenderse por otro periodo, con prioridad en la continuidad de los servicios de salud y el pago de prestaciones a los maestros y sus familias.

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella anunció la decisión de no prorrogar el Contrato de Fiducia Mercantil No. 083 de 1990, suscrito entre el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y Fiduprevisora S. A., cuyo plazo finaliza este 31 de octubre de 2026.

La determinación fue adoptada durante una sesión extraordinaria del Consejo Directivo del FOMAG, con participación del Ministerio de Educación Nacional como fideicomitente y el acompañamiento de los ministerios de Trabajo y de Hacienda y Crédito Público. Según el Gobierno, la decisión se fundamentó en recomendaciones de estas entidades, de representantes de FECODE, así como en revisiones jurídicas, técnicas, financieras y operativas, informes de supervisión y hallazgos de organismos de control.

Después de 36 años de vigencia del contrato, el FOMAG iniciará una nueva etapa a partir del 1 de noviembre de 2026, mediante un proceso de transición que tendrá una duración inicial de un año y podrá ser prorrogado por un año adicional.

La ministra de Educación Nacional, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, aseguró que la decisión no implica desconocer los derechos y conquistas del magisterio ni debe generar interrupciones en los servicios de salud o en el pago de las prestaciones económicas. Señaló además que la transición busca corregir las fallas documentadas y fortalecer las condiciones institucionales, operativas y financieras del sistema.

Por su parte, la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, afirmó que los maestros no deben asumir las consecuencias de las fallas administrativas y sostuvo que la salud y las prestaciones sociales constituyen derechos que deben ser protegidos por el Estado.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, destacó la necesidad de que los recursos destinados a la salud del magisterio sean administrados con transparencia, trazabilidad y control, de manera que se traduzcan en una atención efectiva para los docentes y sus familias.

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