Sus recursos propios no deben depender, principalmente, de la venta de licores y cigarrillos.

De acuerdo con el régimen político, administrativo y fiscal vigente en el territorio nacional, el departamento de Boyacá deriva la mayoría de sus ingresos de la Nación.

Del actual presupuesto general del departamento fijado en tan solo 1 billón 749 millones de pesos, 1 billón 85 mil millones provienen del Gobierno nacional, es decir, que si no fuera por la Nación, la administración seccional sería inviable.

Para completar el total del presupuesto departamental, hay que sumar la irrisoria suma de 664.568 millones de pesos, correspondientes a recursos propios, cuyos ingresos dependen en su mayoría, de la venta de licores (cervezas, aguardiente, whisky, ron, cremas, entre otros) y cigarrillos.

Esta cruda realidad, que parece un chiste mal contado, ha venido haciendo carrera año tras año, al punto que el propio gobernador tenga que salir a promover campañas de consumo responsable de licores, con el fin de incrementar los recursos para financiar a sectores como la salud y educación, en un claro contrasentido de lo que deben ser unas finanzas saludables.

Para que esto no siga pasando, el gobierno regional tiene que ponerse las pilas a sacarle el mejor provecho a la reforma al Sistema General de Participaciones o Ley de Descentralización, que aprobó recientemente el Congreso Nacional y que está próxima a entrar vigencia con la sanción del presidente Gustavo Petro.

Las iniciativas no solo deben estar dirigidas a crear unos cuantos impuestos sino a incrementar las fuentes de financiación, con, por ejemplo, la creación de incentivos a la inversión privada, diversificación del actual modelo productivo y modernización del sector turístico, para que haya más visitantes satisfechos que quieran venir o volver a disfrutar de las bondades de la región.

Estas medidas y muchas otras tienen impulsarse de manera urgente, para que a mediano y largo plazo comiencen a dar los resultados que los habitantes del departamento están esperando y, así  poder dejar depender de la Nación y acortar las grandes diferencias presupuestales que actualmente existente con otras entidades territoriales como Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Santander o nuestro vecinos ricos de Casanare y Meta. 

Si esta perspectiva no se lleva a cabo, la seudodemocracia que se practica en esta parte del territorio colombiano tiene que pasar a mejor vida, porque la elección popular de gobernadores no se justifica, teniendo en cuenta que el departamento podría funcionar con un buen secretario de hacienda o tesorero, que recojan las chichiguas propias.

Fuente: A3QAP