Exhortación del Ministerio Público busca proteger el derecho fundamental al sufragio.

La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a alcaldes, gobernadores y entidades del orden nacional para fortalecer las acciones de gestión del riesgo de desastres con el propósito de garantizar condiciones de seguridad durante las elecciones presidenciales previstas para el próximo 31 de mayo y, de ser necesaria una segunda vuelta, el 21 de junio de 2026.

La advertencia quedó consignada en la Circular No. 002 de 2026, emitida por la Procuraduría Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial, mediante la cual el Ministerio Público exhorta a las autoridades a adoptar medidas preventivas y anticipatorias que permitan proteger el derecho fundamental al sufragio frente a posibles emergencias derivadas de la temporada de lluvias, inundaciones, incendios forestales o movimientos en masa.

El organismo de control recordó que, conforme a la Ley 1523 de 2012, las autoridades territoriales son las responsables directas de implementar los procesos de gestión del riesgo en sus respectivos jurisdicciones, razón por la cual insistió en la necesidad de adelantar acciones preventivas para evitar afectaciones a la infraestructura electoral y a la participación ciudadana.

En el caso de las alcaldías municipales y distritales, la Procuraduría recomendó realizar visitas técnicas preventivas a los puestos de votación, así como formular planes de contingencia que permitan reubicar mesas electorales en caso de inundaciones, deslizamientos o emergencias naturales. Además, instó a realizar mantenimiento preventivo de drenajes y estructuras hidráulicas cercanas a los centros de votación para disminuir riesgos de encharcamiento.

A las gobernaciones, el Ministerio Público les pidió articular los Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres con el fin de identificar amenazas hidrometeorológicas y brindar apoyo técnico y operativo a los municipios que enfrenten mayores dificultades.

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